Alarmantes cifras de víctimas bajo régimen de excepción en El Salvador
Informe de ONGs revela un alto número de personas afectadas, especialmente jóvenes, por las medidas de seguridad implementadas para combatir a las pandillas en El Salvador.
Un informe presentado por un conjunto de organizaciones humanitarias en El Salvador revela cifras preocupantes sobre las «víctimas directas» del régimen de excepción implementado en el país desde marzo de 2022, con el objetivo de combatir la creciente amenaza de las pandillas. Según el informe, hasta septiembre de 2023, se han registrado 5,775 casos de supuestas víctimas, de las cuales más del 50% son jóvenes. Además, se reportan 189 muertes relacionadas con esta situación.
Las cifras provienen de denuncias por violaciones a los derechos humanos presentadas a lo largo de este periodo ante siete organizaciones no gubernamentales. Estas entidades han atendido un total de 5,495 casos que han sufrido detenciones arbitrarias y otras vulneraciones a sus derechos.
De acuerdo con Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), el 52.54% de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen entre 19 y 30 años. Les siguen las personas entre 31 y 59 años con un 33.49%, y un 3.32% tienen entre 13 y 18 años.
Según Santos, el 94.77% de estas personas habrían sufrido detenciones ilegales arbitrarias, mientras que un 87.05% ha experimentado una falta de debido proceso y un 28.59% un allanamiento de morada sin orden judicial. Entre las vulneraciones denunciadas también se incluyen tratos crueles o tortura con un 7.6% y desaparición forzada con un 3.62%.
El informe indica que en el 74.87% de los casos, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) son señalados como supuestos «victimarios» en el marco del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales.
Además, se reportan al menos 189 personas fallecidas, la mayoría bajo custodia del Estado. Estas preocupantes cifras han generado una profunda inquietud en la sociedad salvadoreña y a nivel internacional.
El Congreso de El Salvador aprobó el régimen de excepción a finales de marzo en respuesta a una escalada de asesinatos atribuidos a pandillas que cobraron la vida de más de 80 personas en tres días. A pesar de las cifras oficiales que indican un alto número de detenciones, se plantean preocupaciones sobre el debido proceso y el uso de reformas penales «arbitrarias», que podrían afectar a miles de personas que enfrentan acusaciones penales pendientes.
